Por haber liquidado de manera unilateral un contrato de distribución del aguardiente Extra del Caquetá, el departamento del Caquetá ha sido condenado a pagar más de 2000 millones de pesos. La gobernación pretende disminuir dicho monto mediante un recurso de apelación.
La sentencia de la Corte Suprema modificó una sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá y nombró como sucesor procesal de la empresa a la gobernación, obligándola a cancelar el 20% de lo pretendido en la demanda. El otro 80%, más de 8000 millones de pesos, deberá ser pagado por el gerente de la empresa de la época, Javier Lara Cotacio, quien desempeñó ese cargo en el periodo constitucional 2001-2003, durante el mandato de Pablo Adriano Muñoz Parra como gobernador del departamento del Caquetá.
