La Superintendencia Nacional de Salud intervino de manera forzosa el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, ordenando la toma de posesión de sus bienes y negocios por un año, desde el 14 de agosto de 2024 hasta el 14 de agosto de 2025. Esta medida se debe a la crítica situación administrativa y financiera del hospital, que pone en riesgo la prestación adecuada de servicios de salud. Según la Superintendencia, se encontraron 52 irregularidades, especialmente en la atención de urgencias y en el inventario de medicamentos, algunos de los cuales estaban vencidos. Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente de Salud, afirmó que la intervención busca proteger la vida y el derecho a la salud de los usuarios.
Rigoberto García fue designado como agente especial interventor. Por su parte, la exgerente del hospital, Cindy Tatiana Vargas Toro, calificó la intervención como arbitraria, alegando que no se respetó el debido proceso y que la decisión tiene motivaciones políticas. Anunció que tomará medidas legales para impugnar la intervención.
