Los transportadores, comerciantes y demás gremios de Caquetá y otros departamentos del país venían siendo afectados en su patrimonio económico por cuenta de inescrupulosos que contactaban a sus víctimas a través de llamadas telefónicas para realizar exigencias monetarias a cambio de no atentar contra su vida. Los criminales hacían parte del grupo delincuencial común organizado (GDCO) denominado ‘los builder´ compuesto por seis personas que recaudaban el dinero producto de las extorsiones generadas por criminales recluidos en distintas cárceles del país utilizando maniobras engañosas y prácticas intimidatorias e irracionales que perturbaban la tranquilidad física y psicológica de las personas y sus familias.
Un trabajo investigativo y coordinado del GAULA de la Policía junto con la Fiscalía General de la Nacional y el Ejército Nacional permitió en menos de 3 meses la desmantelación de la estructura que ya había perpetrado el daño al patrimonio económico de distintas familias por un valor cercano a los 480 millones de pesos. Son seis personas procesadas por los delitos de extorsión y concierto para delinquir con fines de extorsión quienes fueron capturados en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Valledupar y Manizales sindicados de recaudar el dinero que giraban las víctimas desde municipios como: Florencia, El Paujil, Solita, San Vicente del Caguán en Caquetá y de otros departamentos del territorio nacional.
Según las investigaciones, los delincuentes utilizaban la modalidad de extorsión carcelaria conocida como ‘falso servicio´ la cual consiste en la solicitud de un servicio, domicilio y falsas citaciones a los empresarios y trabajadores de empresas e independientes haciéndolos trasladar a zonas apartadas de las cabeceras urbanas de los municipios, zona rural, donde mantenían comunicación telefónica constante con sus víctimas hasta situarlas en un sitio especifico solitario y en medio de la vegetación procedían a intimidarlas aludiendo que integraban estructuras criminales y grupos armados ilegales exigiendo montos de dinero superiores a 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad física o la de sus familiares. Una serie de maniobras que atentan contra los derechos humanos de las personas y que la Policía rechaza y actúa frente a las mismas para judicializar y colocar a disposición de la justicia estos individuos que le hacen tanto daño a la sociedad.
Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía por los delitos antes mencionados y en las audiencias los jueces les dictaron medida de aseguramiento en sus residencias.
Con el desarrollo de estos operativos se contrarrestan estas modalidades criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades.
La Policía Nacional insiste en la necesidad de seguir denunciando e informando oportunamente estos comportamientos y a utilizar la línea 165 del GAULA quienes son expertos en el tema y pueden orientar y evitar que más ciudadanos caigan en las manos del crimen.