La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Arnulfo Gasca Trujillo, exgobernador del Caquetá (2020-2023), por su presunta responsabilidad en las irregularidades del proyecto Laboratorio COVID, financiado con 21,200 millones de pesos por el Sistema General de Regalías. También están vinculados Alex Alberto Calvache Mena, representante del consorcio encargado de la interventoría, y María Eugenia López Camacho, subgerente administrativo de ESE Rafael Tovar Poveda, entidad encargada de contratar dicha interventoría.
De acuerdo con el análisis hecho por el Ministerio Público sobre la situación del proyecto, a pesar de haber sido aprobado en mayo de 2020 con un plazo de ejecución de un año, diversas deficiencias en la formulación y ejecución han tenido como consecuencia que actualmente presente un avance físico de apenas el 55% y un avance financiero del 64%. Además, se han estimado ajustes presupuestales en más de 3,900 millones de pesos.
Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría están copias del documento técnico del proyecto de inversión, las finanzas presentadas y aprobadas por las diferentes entidades responsables, junto con sus soportes.
