Las recientes intimidaciones y extorsiones en contra de medios de comunicación y periodistas del Caquetá fueron rechazadas por la Defensoría del Pueblo de este departamento. Edwin Leal, Defensor del Pueblo en el Caquetá, dijo que el tema preocupa porque tras estas acciones intimidantes se vulnera el derecho fundamental a la información que tiene la población en general.
El funcionario agregó que ya se han hecho varios llamados a los grupos armados ilegales que operan en esta región para que dejen fuera del conflicto a los periodistas y los medios de comunicación. Por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al referirse a este tema, indicó que se ha documentado que desde el 16 de junio tres directores de medios de comunicación en Florencia han sido citados a una reunión por el Bloque Comandante Jorge Suárez Briseño del Estado Mayor Central. Cada director recibió una fotografía a través de WhatsApp en la que les indicaban que debían dirigirse a un caserío cercano, y en la imagen se podía ver un fusil.
El 18 de junio, el grupo reiteró la citación con el mismo mensaje. Como consecuencia, los tres periodistas han decidido detener la publicación de contenido relacionado con la situación de seguridad y orden público del departamento. Incluso uno de ellos eliminó notas periodísticas que ya había publicado. Esto impacta negativamente el flujo de información sobre temas locales y afecta el derecho de la comunidad a estar informada sobre asuntos que son cruciales para la toma de decisiones.
Desde la FLIP se solicita a la Policía Nacional y al Ejército, que en articulación con la gobernación adelanten las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de los periodistas y de sus familiares. Es sumamente importante llevar a cabo acciones enfocadas en evitar un escalamiento de las agresiones contra la prensa.
Asimismo, es necesario que el Comisionado para la Paz incluya en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central solicitudes expresas del cese de agresiones contra la prensa y la población civil. También es fundamental que la Defensoría del Pueblo incluya esta información dentro del análisis del contexto y emisión de alertas tempranas en la región.
